La especialización en derecho penal económico y de empresa convive con una práctica penal amplia. Lo decisivo es comprender la posición de cada cliente y la respuesta que necesita desde el primer momento.
Asesoramiento y defensa ante riesgos penales, investigaciones y procedimientos derivados de la actividad empresarial.
Asesoramiento y defensa ante una denuncia, una citación judicial o cualquier otra situación que requiera asistencia penal.
Asesoramiento para denunciar los hechos y ejercer la acusación particular, con el objetivo de exigir responsabilidades y obtener la reparación del daño.
Sus intereses pueden coincidir al inicio y divergir después. Conviene revisar desde el primer momento quién toma decisiones, quién custodia la información y si existen posiciones incompatibles.
El método ordena la complejidad sin convertirla en burocracia: cada fase debe responder una pregunta y preparar una decisión.
Perfil afectado, momento procesal, cronología provisional, documentación disponible y urgencias reales.
Conductas investigadas, personas implicadas, conflictos potenciales, exposición patrimonial y reputacional.
Documentos, testigos, periciales, explicaciones alternativas y diligencias necesarias.
Representación procesal, decisiones documentadas y adaptación a nueva evidencia.
Busca delimitar el asunto. Se identifica quién solicita asesoramiento, qué ha ocurrido, qué acto procesal o administrativo existe y qué decisión tiene plazo. También se comprueba si hay conflictos y si el despacho puede aceptar el encargo.
Se crea una cronología y un índice de fuentes. Cada documento debe tener procedencia, fecha, custodio y relevancia. En asuntos empresariales, esta disciplina reduce contradicciones y facilita el trabajo con peritos.
El cliente debe saber qué está decidido, qué sigue abierto y qué información falta. Cuando existen órganos de administración, aseguradoras u otros asesores, se definen responsables y canales para evitar instrucciones incompatibles.
La propuesta de servicios debe indicar fase, actuaciones incluidas, equipo, provisiones y supuestos que exigen una ampliación. La transparencia no elimina la incertidumbre procesal, pero sí la administrativa.